Junto con la industria palmera, Solidaridad ha contribuido a la formalización de más de 1.100 trabajadores rurales en Colombia. Una estrategia que protege el patrimonio del productor, mejora la productividad de la cadena y abre las puertas a mercados internacionales.
Hay pocas ideas más difíciles de explicar: la formalización laboral es el menor costo de oportunidad para cualquier empresario. Un ejemplo basta para aclarar la idea: hace algunos años, un pequeño cultivador de palma en la zona del Magdalena Medio en Colombia, por poco pierde todo su patrimonio, por cuenta de un accidente laboral de uno de sus trabajadores.
Así lo recuerda Yovanis Pinto, ingeniero de la Federación de Pequeños Palmeros (Fundepalma) quien agrega que el productor tuvo que vender la mitad de su cultivo de palma de aceite para responder por los costos derivados del incidente. El trabajador era un familiar y el caso nunca llegó a instancias judiciales, pero la experiencia dejó una lección: la informalidad puede resultar muy costosa.
«Ese accidente ya nos pasó en la asociación. A la persona involucrada le tocó vender casi la mitad de su proyecto de palma para cubrir esos costos. Donde eso se vaya a una instancia legal, el señor queda sin patrimonio», contó Pinto. Él es un pequeño productor que ha aceptado la invitación para mirar el desafío de la formalización desde una nueva perspectiva. Y lo está logrando.
En el sector agro, la situación de informalidad es muy compleja. Según un análisis de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (Upra) con datos del Dane sobre el mercado laboral colombiano, mientras que la informalidad afectó, al cierre de 2025, a 55,7% de los trabajadores a nivel nacional, en las áreas rurales llegó a 83,1%. El problema es que aún se asume que la formalidad implica un costo demasiado alto. Craso error: si se mira el costo de oportunidad de no tener, por ejemplo, cobertura en salud para los trabajadores, la formalidad es la opción más barata.
Por esta razón, Solidaridad, de la mano con Fedepalma y Cenipalma, y con el apoyo de aliados como Cargill, Puratos, Henkel, BASF y GIZ, diseñó un programa para impulsar la formalización laboral en los pequeños cultivos de palma y los resultados ya se están viendo. De acuerdo con María Goretti Esquivel, gerente del programa de Palma de Aceite de Solidaridad en Colombia, no se trata solo de un asunto normativo o legal. La formalización es para ella, una “práctica de crecimiento y protección”.
Esta estrategia ha registrado éxitos tempranos, si se tiene en cuenta que es un programa que nació apenas en 2023. Desde entonces, 1.129 trabajadores y 154 unidades productivas cuentan con contratos laborales y acceso a protección social en salud, pensiones y riesgos laborales.
Para Esquivel, la articulación entre todos los actores de la industria ha sido clave. “Otro elemento importante ha sido el compromiso del sector palmero con avanzar hacia cadenas de suministro más sostenibles y responsables, entendiendo que la formalización laboral también mejora la competitividad y la reputación del sector”, explicó.
De finca familiar a empresa rural
La informalidad laboral ha sido durante décadas una característica común en buena parte del campo colombiano. En el caso de los pequeños productores de palma de aceite, las unidades productivas suelen ser explotaciones familiares donde el propietario administra el cultivo, coordina las labores, participa en la cosecha y contrata trabajadores únicamente cuando las necesidades del cultivo lo exigen. Esa contratación se hace la mayor parte de las veces de manera verbal, a destajo y sin ninguna protección social. Por esta razón, no quedan registros en ninguna base de datos.
El sesgo de comprensión que existe es que la formalización se muestra como un proceso complejo y distante. Para enfrentar el desafío, Solidaridad y el gremio palmero entendió que la clave del éxito estaba en incorporar la estrategia al día a día de los cultivadores.
Inicialmente, se construyó un programa académico para diplomar a un grupo de agricultores o personas vinculadas al gremio en los procesos básicos de formalización laboral como el pago de la seguridad social o el cumplimiento de normativa relacionada con seguridad en el trabajo.
Según Esquivel, el modelo articula extractoras, equipos de asistencia técnica y productores para ofrecer un acompañamiento cercano, adaptado a las condiciones de cada unidad productiva. «La gestión no parte únicamente desde la exigencia normativa, sino desde la construcción de confianza», explica.
En el caso de Fundepalma, una agremiación de pequeños palmeros, el trabajo comenzó con un diagnóstico sobre las principales brechas de sostenibilidad en las actividades de unos 200 productores. A partir de allí se seleccionó un grupo piloto que recibió el diplomado en normativa laboral y acompañamiento durante varios meses. «Cada productor era un caso específico», recuerda Andrés Alfonso Arrieta, líder de sostenibilidad de Aceites del Magdalena y quien participa del proceso.
«Antes me interesaba la parte técnica: que los agricultores tuvieran mejores cultivos, aplicaran fertilizantes y realizaran las labores. Pero esta parte de la formalización no era tan importante para nosotros, hasta que nos dimos cuenta de que estábamos dejando algo fundamental por fuera», explica Pinto.
La estrategia de formalización no se limitó a enseñar procedimientos administrativos, porque de esa manera no se genera una cultura de la formalidad que es la meta del programa. También se hizo énfasis en cambiar la manera como los productores entienden su actividad económica y pueden proyectar crecimiento en sus negocios.
Arrieta considera que uno de los mayores logros fue ayudar a que los productores dejaran de asumir todas las responsabilidades de manera individual y empezaran a organizar mejor sus fincas. «El productor aprende a delegar y entiende que no puede hacerlo todo. La esposa, los hijos o un sobrino también pueden apropiarse de los procesos de gestión», explica. En pocas palabras, esta clase de intervenciones también facilita una organización empresarial más eficiente.
Ese cambio de mentalidad se refleja igualmente en la experiencia de Ángel Oswaldo Rincón, responsable de la formalización de la finca Elim, en Sabana de Torres. «Ahora vemos nuestro terrenito como empresa y no como finca», explica.
La informalidad, el verdadero costo
Uno de los principales obstáculos para avanzar en la formalización sigue siendo la percepción de que representa un gasto adicional para los pequeños productores.
Los propios participantes del proceso reconocen que existen costos asociados a la afiliación a la seguridad social y al cumplimiento de las obligaciones laborales. Sin embargo, después de concluir el recorrido educativo y empezar a aplicar lo aprendido, la conclusión es distinta.
«Sí, hay mayores erogaciones, pero es una relación costo-beneficio. Estamos blindando nuestro patrimonio y protegiendo al trabajador», afirma Rincón.
Esquivel, de Solidaridad, coincide en esa visión. Aunque inicialmente la formalización puede percibirse como un costo, en realidad representa «una inversión en sostenibilidad, estabilidad y respaldo para el productor». Además de reducir riesgos legales, permite mejorar la organización administrativa, fortalecer la productividad y acceder a nuevas oportunidades comerciales.
La percepción también cambia cuando los productores comprenden que hoy existen mecanismos más flexibles para la contratación rural. Según Arrieta, una de las principales barreras era el desconocimiento: «Muchos pensaban que formalizar significaba tener una persona empleada permanentemente. Hoy saben que se puede contratar formalmente por horas, por días o por periodos de trabajo».
Formalizar abre nuevos mercados
La formalización laboral también se ha convertido en uno de los requisitos para acceder a certificaciones de sostenibilidad. Así que mientras avanzan en formalizar a sus trabajadores, dan pasos en otra clase de acreditaciones de calidad y sostenibilidad.
En el caso de los productores afiliados en Fundepalma, el proceso estuvo estrechamente articulado con la certificación Aceite de Palma Sostenible de Colombia (APSColombia), cuyos criterios incluyen componentes ambientales, económicos y sociales.
«En la parte social, las brechas más grandes eran la formalidad laboral, la tenencia de tierras y los sistemas de gestión», explica Arrieta, al señalar que por eso el aprendizaje en formalización implica ganar terreno en la certificación APSColombia.
La estrategia permitió cerrar buena parte de esas brechas y dejó a muchos cultivadores en la senda de la sostenibilidad. De los doce productores que inicialmente participaron en el proceso dentro de Fundepalma, seis ya obtuvieron la certificación APSColombia y los demás productores avanzan en ese camino.
Para los productores, las certificaciones representan mucho más que un sello. «Europa y los países desarrollados van a exigir que uno demuestre buenas prácticas. Si no está certificado, le tocará vender por otro lado y probablemente a menor precio», afirma Rincón.
Esquivel agrega que las regulaciones y certificaciones internacionales exigen cada vez más evidencia sobre cumplimiento laboral, respeto por los derechos humanos y trazabilidad, por lo que la formalización se convierte en una herramienta para preparar a los productores frente a esas nuevas exigencias.
Permanecer firmes
Quizá uno de los resultados más importantes de la estrategia no se refleja únicamente en el número de trabajadores formalizados, sino en la capacidad que está quedando instalada en los territorios.
Algunos productores que participaron en el proceso hoy asesoran a otros vecinos en temas de seguridad social y contratación. Rincón, por ejemplo, ya acompaña a varios productores en la gestión de sus obligaciones laborales.
Arrieta también observa este efecto multiplicador. Después de presentar los primeros casos de éxito, otros productores comenzaron a preguntar cómo podían vincularse al proceso.
Para Esquivel, de Solidaridad, ese es precisamente el siguiente paso. Las metas ahora apuntan a consolidar una visión más integral de la formalización, fortalecer las capacidades empresariales de los productores y mantener el cumplimiento en el tiempo mediante herramientas de seguimiento y nuevos esquemas de acompañamiento.
En esa lógica, la formalización laboral deja de ser el destino final, para convertirse en el primer paso hacia empresas rurales consolidadas, más competitivas y mejor preparadas para responder a las exigencias de un mercado que cada vez demanda mayores estándares sociales y de sostenibilidad. Desde esa perspectiva, la formalización es el mejor negocio. Sin duda.
