Un especial periodístico publicado recientemente en The New York Times dejó en evidencia una información que muchos desconocemos y que plantea una disyuntiva para los consumidores, los gobiernos y la industria: en nuestros celulares y otros productos metálicos de uso cotidiano podría haber oro ilegal colombiano, comercializado por grupos armados organizados.
La creciente demanda de oro para ser usado como metal conductor en la fabricación de teléfonos y otros productos electrónicos, tal como anotó el NYT, ha impulsado indirectamente el comercio ilegal, con efectos nefastos en los territorios y sobre la frágil paz en Colombia.
La trazabilidad del oro, que puede mezclarse en el recorrido de la cadena de suministro con productos de diversas fuentes, es mucho más complicada de asegurar que la de otros metales: esa dificultad del rastreo sirve de aliciente para el negocio ilegal. Un 83% de la producción de oro que se exporta desde Colombia es informal y la cifra es similar a la de la explotación minera cuyo 80%, según cifras de la Contraloría, es ilegal. Ante esos porcentajes y la demanda en aumento, el riesgo de que el “oro ilegal” termine filtrado en la economía legal es muy alto.
Los efectos de esta ilegalidad no se ven solo en la seguridad de los territorios y en el fortalecimiento de grupos armados, sino también en el medio ambiente y en la calidad de vida de las comunidades: la minería ilegal arrasa bosques, seca ríos, afecta la salud de las comunidades que se contaminan con el mercurio, diezma la economía local, entre otras.
El panorama parece complejo pero desde Solidaridad, donde trabajamos por cadenas de suministro más sostenibles, vemos una oportunidad. Colombia necesita dar pasos urgentes para controlar la minería ilegal, establecer plenamente el estado de derecho en zonas de postconflicto y, trabajar de manera mancomunada con la industria.
“Este contexto, en el que hay sin duda mucho por hacer, genera la necesidad de que Colombia lidere con el ejemplo las pautas sobre cómo mejorar la trazabilidad del oro o liderar estándares de minería responsable en la región”, aseguró Joel Brounen, gerente de Solidaridad Colombia.
FORMALIDAD Y LEGALIDAD SON DISTINTAS, PERO…
El oro en Colombia tiene tres fuentes de origen:
- La industria formal a gran escala, liderada por grandes empresas multinacionales que tienen permiso para operar, siguen reglas del mercado y pueden, más fácilmente, asegurar la trazabilidad del producto que comercializan.
- Los pequeños mineros, muchos de ellos en la informalidad, que extraen el oro con métodos artesanales como el barequeo.
- El negocio ilegal, que no sigue ninguna regla y cuyos recursos pueden servir para financiar a grupos armados organizados.
Si bien informalidad no es ilegalidad, es cierto que en un contexto sin formalización ni controles, donde los pequeños productores necesitan vender el producto extraído, mucha parte del oro informal, siguiendo el esquema de oferta y demanda, puede parar en manos ilegales y armadas.
La solución a la ilegalidad incluye una apuesta del gobierno por procurar seguridad y presencia en los territorios, temas que no son del resorte directo de Solidaridad. Por su parte, la formalización de pequeños mineros sí está ligada a nuestra razón de ser y, en eso, podemos ofrecer experiencias de otros contextos que pueden ser muy útiles para Colombia.
COEXISTENCIA ENTRE MODELOS MINEROS
La minería ilegal, así como la artesanal o a pequeña escala, no generan solo impactos en el medio ambiente, como el derivado por el uso de mercurio o la deforestación; sino que también impacta en la salud, la seguridad y los derechos de las personas. Cuando hablamos de oro responsable nos referimos a aquel que es extraído con prácticas que producen menores daños ambientales y sociales. Es decir que no deforesta, no contamina fuentes de agua, respeta los derechos laborales de quienes lo extraen, y no es un oro “contaminado con sangre”.
Para esto, se necesita que aumente la demanda del oro certificado u “oro limpio”, y que los grandes compradores exijan a sus proveedores pruebas de la trazabilidad del producto. Es crucial que los actores del mercado legal inviertan en alianzas gana-gana con pequeños productores y ofrezcan mayores incentivos para el tránsito de sus proveedores hacia la formalidad. En estos esfuerzos por conocer la cadena de suministro, la formalización de pequeños mineros o barequeros es crucial y podría funcionar como una especie de blindaje para salir de la nefasta influencia de las bandas criminales.
Colombia ya tiene algunas experiencias de pequeños mineros organizados que han logrado vender oro directamente al mercado, eliminando muchos intermediarios (ver: Así se lucha contra la minería ilegal en Antioquia).
En Perú, donde el 85% de mineros artesanales en proceso de formalización opera dentro de concesiones mineras de terceros, Solidaridad trabaja en el desarrollo de “modelos de coexistencia”. Este esquema va más allá de la certificación clásica, y busca integrar los modelos de producción de los mineros a pequeña escala con los medios formales de producción a gran escala liderada por grandes jugadores privados.
SOLUCIONES DIGITALES PARA LA FORMALIZACIÓN
Hay una urgencia en Colombia de encontrar soluciones prácticas para los pequeños mineros artesanales que no quieren, ni deberían, ser cooptados por la ilegalidad.
“Cerrar el mercado o boicotear a las empresas de tecnología no es la solución, ya que el oro encontrará otro mercado sin que haya una red de apoyo legal. Un proceso de mejora continua es clave, en donde Solidaridad ha probado soluciones que generan una situación gana-gana para minero, empresa y gobierno”, aseguró Brounen.
La implementación de soluciones digitales en las cadenas de suministro podría funcionar también para monitorear las prácticas sostenibles mineras y permitir a los mineros artesanales o informales avanzar en un paso a paso para mejorar sus prácticas y empezar a cumplir reglamentaciones y acciones más sostenibles.
Lo que es claro es que como consumidores también deberíamos ser conscientes que el oro ilegal puede estar en nuestro celular, y exigir a las empresas más transparencia de sus proveedores y procesos de compra. Que nuestras conversaciones y chats no se contaminen con ese “oro que nadie sabe de dónde viene”.
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