En los últimos años, Bolivia alcanzó el cuarto puesto como productor de soja en América Latina. En el país, la actividad se concentra en el Departamento de Santa Cruz de la Sierra, en donde aproximadamente el 90% de la producción se lleva a cabo. La importancia de la producción de soja en Bolivia está demostrada por el crecimiento en un 725% del área bajo cultivo que ya cubre casi el 45% de la superficie total destinada a las actividades agrícolas.
El 80% de esta producción está en manos de pequeños productores con menos de 50 hectáreas. Los rendimientos varían entre 1,8 y 2,3 toneladas por hectárea, dependiendo de la eficiencia de los productores, pero están muy por debajo de las medias de otros países productores de la región (Argentina, Brasil y Paraguay). La baja productividad presiona para acelerar la expansión agrícola, lo que se traduce muchas veces en desmontes ilegales. Esta situación se suma además al plan de desarrollo económico social que lleva adelante el Estado boliviano para ampliar su superficie agrícola conservando una provisión sustentable de funciones ambientales.
En este contexto, Solidaridad facilita desde 2017 una mesa multisectorial en la que participan organizaciones vinculadas al sector de la soja como Cargill, ANAPO y CAO, organizaciones de la sociedad civil como FAN y Avina, y organismos de gobierno como la Autoridad de Tierras y Bosques (ABT). Su objetivo es optimizar la aplicación de las políticas de uso de la tierra para mejorar la planificación predial entre los productores, y fortalecer los mecanismos de control del Estado para evitar quemas y desmontes ilegales.
Junto a dos de los miembros de la mesa, Cargill y ANAPO, Solidaridad está ahora poniendo el foco en los productores y sus prácticas. Se seleccionaron más de 200 productores con quienes se llevará adelante un proceso de tres años de mejora continua basado en la adopción de buenas prácticas agrícolas que inciden en la productividad, y el cumplimiento legal.
El proyecto tomará como base de referencia el Programa de Sustentabilidad de Cargill (3S) y otros estándares internacionales, como el de la Mesa Redonda de Soja Responsable (RTRS), adaptando y agregando criterios pertinentes al contexto y la legislación local. Una vez decididos los criterios de mejora, se identificarán las brechas de cada unidad productiva, se determinará su nivel de sustentabilidad, y se establecerán planes de progreso.
El proceso tiene planificado el uso de aplicaciones digitales móviles para recolectar y gestionar la información sobre el desempeño de los productores. Todos los datos estarán encriptados, con el fin de garantizar la confidencialidad de la información de los productores. Las aplicaciones digitales también ayudarán a verificar y medir el avance de nivel en relación al desempeño inicial. Los planes serán acompañados y monitoreados por visitas técnicas y talleres. Asimismo, se desarrollará un programa de “Capacitación de Capacitadores” que formará líderes comunitarios, quienes asegurarán la transmisión del conocimiento y las capacidades instaladas a futuro.
La decisión de avanzar en el camino hacia la sustentabilidad es voluntaria, pero cuenta con dos claros alicientes. Uno, es la posibilidad de mejorar la propia eficiencia productiva, y el segundo es la posibilidad de formalizar los requerimientos legales para afianzar la titularidad del predio ante ABT y el INRA. Como parte del proyecto se pondrá a disposición de los participantes asistencia técnica para evaluar la situación de cumplimiento legal, con especial foco en el Plan de Ordenamiento Predial -necesario para formalizar la tenencia de la tierra-. Las unidades productivas que necesiten regularizar su habilitación recibirán apoyo de un técnico auxiliar para iniciar sus trámites utilizando las nuevas herramientas digitales que Solidaridad y ABT han desarrollado en conjunto. Con esto, los resultados del proyecto no sólo han de beneficiar al productor, sino también al total de la cadena y la sociedad.
Noticias sobre Soja
Contacto
