Con la firma, el pasado julio, de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT) queda conformada una mesa de diálogo para mejorar la aplicación del marco legal vigente.
Un consorcio para identificar soluciones innovadoras
Erradicar la deforestación ilegal al 2020 es uno de los compromisos que el gobierno de Bolivia ha asumido en el marco del Acuerdo de París.
Apoyar esta meta y mejorar la rentabilidad del sector agropecuario son dos ambiciones que Solidaridad, ANAPO (Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas y Trigo) y el ABT han decidido tratar conjuntamente en pos de una mayor sostenibilidad.
Para ello han desarrollado una propuesta de colaboración entre el sector privado, público y la sociedad civil que ha sido validada por Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN), AVINA, y que cuenta con el apoyo financiero del Gobierno de los Países Bajos.
La prerrogativa del consorcio es mejorar los procedimientos y procesos administrativos, técnicos y legales “que permitan alcanzar un uso más sostenible de la tierra, pero también mejorar el rendimiento productivo de los distintos sectores, como ser comunidades indígenas, campesinas, ganaderos y productores agro industriales”, explica Carlos Pinto de FAN.
Todos los miembros de la mesa concuerdan en el valor que el intercambio de experiencias, criterios y perspectivas aporta a la solución sostenible de estos desafíos críticos para la economía boliviana. “Para alcanzar soluciones que sean efectivas y, sobre todo, aplicables al sector agropecuario, hace falta una visión más amplia y un espacio de concertación que pueda ser influyente sea en el sector público como el privado”, asevera René Álvarez de la Cámara Agropecuaria del Oriente, mientras que su par de la Fundación Avina, Miguel Castro, agrega:
“queremos también tener una perspectiva de los sectores productivos, empresariales, que estamos convencidos deben ser parte de la solución de los desafíos a la sostenibilidad”.
De izquierda a derecha Miguel Castro (Avina Bolivia), René Alvarez (CAO), Carlos Pinto (Fan), Alex Ehrenhaus (Solidaridad), Chiaki Kinjo (Avina Bolivia), María Lourdes Espinoza (Solidaridad) y Antonio Guardia (Anapo)
Mejor cumplimiento legal y previsibilidad en los negocios
La mesa de diálogo desarrollará una agenda de trabajo departamental sobre tres ejes principales:
- Fortalecer las capacidades de las organizaciones participantes para formular propuestas y garantizar su cumplimiento.
- Mejorar la eficiencia en la aplicación de Ley, disminuyendo los plazos de obtención de licencias y optimizando la colaboración entre los diferentes organismos involucrados.
- Mejorar la comprensión acerca de los efectos que la normativa tiene entre los grupos afectados por la misma y sugerir innovaciones en su aplicación, adaptadas al contexto local y sectorial y con mayor participación de las comunidades locales, para darle legitimidad social y perdurabilidad.
“Es importante destacar que mejorando la eficiencia en los procedimientos de obtención de los permisos otorgados por el ABT, los productores tendrían menos tiempos de espera lo que de manera directa colaboraría en reducir la deforestación ilegal. Asimismo, si tomamos el uso del Plan de Ordenamiento Predial (POP) como una herramienta de planificación, el productor podrá mejorar la gestión de su campo lo que contribuirá a mejorar eficiencias y a su vez incrementar su productividad y reducir riesgos”, concluye María Lourdes Espinoza, Oficial de Programas de Solidaridad.
La importancia del ordenamiento territorial para un desarrollo sostenible
El departamento de Santa Cruz concentra la casi totalidad de la producción de soja de Bolivia. A pesar de la importancia del cultivo para la economía del país, buena parte de la capacidad de la industria para procesar soja se encuentra actualmente ociosa dado que el sector productivo no ha alcanzado aun su máximo potencial. En consecuencia, si bien la productividad por hectárea podría mejorar, el sector sigue recurriendo a la conversión de uso de la tierra para extender su área de producción.
Antes de emprender un cambio de uso del suelo que implique el desmonte y la quema, como por ejemplo de forestal o agro-silvopastoril a agropecuario, el productor debe presentar un plan de ordenamiento predial y solicitar una serie de permisos a las autoridades pertinentes.
El cumplimiento de estas medidas de ordenamiento territorial es clave para promover un desarrollo económico sostenible, que prevenga la erosión del suelo y que mitigue los efectos del cambio climático, sea sobre los ciclos de lluvias como sobre la incidencia de plagas y enfermedades que suelen derivar de los procesos de deforestación descontrolados.
Los procesos de obtención de permisos legales presentan, sin embargo, distintas complejidades que retrasan los tiempos de emisión de las licencias correspondientes. Esto, desde el punto de vista de los productores, se traduce en pérdidas económicas y termina incentivando desmontes ilegales que, a su vez, reducen las oportunidades de negocios al aumentar los riesgos.
