- Regulación afectará a cadenas de palma, café, cacao, carne, soya y madera.
- Sanciones serán a las empresas que importen o comercialicen productos a la Unión Europea.
- Países serán categorizados por niveles de riesgo a los 18 meses de entrar en vigor la norma.
Este martes 6 de diciembre se llegó a un acuerdo político provisional entre el Parlamento Europeo y los países miembros sobre regulación de cadenas libres de deforestación de materias primas y derivados. Se espera que la ley sea formalmente aprobada en el primer trimestre del 2023. Una vez adoptada y aplicada, la nueva ley asegurará que las materias primas que lleguen a la Unión Europea no contribuyan a la deforestación y degradación de ecosistemas. El periodo de implementación decidido ha sido ajustado de 12 a 18 meses para empresas grandes, o 24 meses para compañías pequeñas. Este hecho significa que los requisitos podrían entrar en rigor para la segunda mitad del 2024, plazo que para Latinoamérica, significa un panorama retador.
Una vez que la norma entre en vigor, todas las compañías que deseen comercializar en la Unión Europea deberán gestionar una debida diligencia de materias primas como aceite de palma, ganado, soya, café, cacao, madera, caucho así como las derivadas de estas (Carne, muebles o chocolate).
La geolocalización será requerida para las parcelas de tierra del origen de los productos, así como la fecha o rango de tiempo de producción. Cualquier acción de deforestación o degradación del bosque en las parcelas monitoreadas descalificarán a sus cosechas para ser exportadas la UE. A partir de las 4 hectáreas, los polígonos serán necesarios. Para el caso de los productos que contienen derivados de ganado (carne o cuero), la geolocalización debe hacer referencia a todos los establecimientos de crianza del ganado vacuno.
En lo que se refiere a fecha de corte de deforestación, las compañías deberán probar que sus productos son libres de deforestación y producidos en tierra que no haya sido deforestada luego del 31 de diciembre del 2020 y procedentes de tierras legales (de acuerdo a las leyes nacionales de cada país).
Se provee una evaluación de pequeños productores después de cinco años durante las revisiones generales. Hasta ahora el texto de compromiso no hace referencias a medidas para asegurar que los productores más vulnerables reciban una adecuada asistencia técnica y una remuneración justa, de modo que sus productos y commodities puedan cumplir con la regulación. Esto será discutido en las siguientes semanas, pero aún no es preciso asegurar que será incluído.
En cuanto a la clasificación de riesgo por país, la comisión clasificará a los países, o parte de ellos, en bajo, estándar o alto riesgo dentro de los 18 meses de haber entrado en vigor esta normativa. La proporción de verificación en los operadores será realizada de acuerdo al riesgo del país: 9% para países de alto riesgo, 3% para riesgo estándar y 1% para bajo riesgo.
Solidaridad viene gestionando esfuerzos de incidencia para difundir y orientar la adaptación a la nueva normativa que constituye un gran reto para el sector agrícola de varios países latinoaméricanos. Compartimos a continuación material de orientación.
