La Regulación de la Unión Europea (UE) 2023/1115, también conocido como EUDR (por sus siglas en inglés “Reglamento de la Unión Europea sobre Deforestación”), establece normas relativas a la introducción y comercialización en el mercado de la Unión Europea (UE), así como a la exportación desde la UE, de determinadas materias primas y productos asociados a la deforestación y la degradación forestal. El fin de la EUDR es reducir al mínimo la contribución de la Unión a la deforestación y la degradación forestal en todo el mundo y así contribuir a reducir la deforestación mundial. También pretende reducir la contribución de la UE a las emisiones de gases de efecto invernadero y a la pérdida de biodiversidad mundial. Este reglamento establece que los productos que ingresen a la UE deben demostrar que no provienen de áreas deforestadas después del 31 de diciembre de 2020, y que cumplen con las normativas del país de producción.

En síntesis, si exportas a Europa (directa o indirectamente), tu producto debe cumplir con:

• Trazabilidad (geolocalización de la/s parcela/s).
• Libre de deforestación (que no se haya talado bosque para el cultivo/ganado).
• Legalidad (cumplir con leyes laborales, ambientales y de tenencia de tierra).

La reglamentación aplica a los siguientes productos y sus derivados: soja, ganado bovino, cacao, café, aceite de palma, el caucho y la madera. Estos productos deben cumplir con los requisitos de trazabilidad y ser acompañados por una declaración de debida diligencia por embarque.

Debes asegurarte de que:
✅ Tu parcela no ha deforestado después de 2020 (se verificará con imágenes satelitales).
✅ Tienes geolocalización precisa (coordenadas GPS o polígonos de tu parcela).
✅ Cumples con leyes nacionales (pago de salarios mínimos, no trabajo infantil, tenencia legal de la tierra).

Cada estado miembro de la Unión Europea es responsable de designar una autoridad competente encargada de supervisar y hacer cumplir la EUDR. Estas autoridades deberán realizar controles periódicos para verificar que las empresas que introducen productos en el mercado europeo cumplan con los requisitos la EUDR.

Las medidas de fiscalización incluyen:

• Auditorías aleatorias y basadas en la categorización de riesgo.

• Revisión del contenido de las declaraciones de diligencia debida.

• Verificación de datos de geolocalización y documentación legal aplicable.

Según la EUDR, los Estados Miembros establecerán el régimen de sanciones aplicables a cualquier infracción del presente Reglamento por parte de los operadores y comerciantes, y adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar su ejecución. Dichas sanciones podrían incluir multas proporcionales al daño medioambiental y al valor de las materias primas y productos pertinentes ingresados al mercado; la confiscación de los productos pertinentes del operador; la confiscación de los ingresos obtenidos por el operador por una transacción con los productos pertinentes; la exclusión temporal, por un período máximo de doce meses, de los procedimientos de contratación pública y del acceso a financiación pública; y la prohibición temporal de introducir en el mercado, comercializar o exportar las materias primas y productos pertinentes, en caso de infracción grave o de reincidencia.

La norma original, inicialmente prevista para implementarse el 30 de diciembre de 2024, ahora será exigible a partir del 30 de diciembre de 2026 para grandes empresas y 30 de junio de 2027 para pequeñas empresas. El 17 de diciembre de 2024, el Parlamento Europeo aprobó una primer prórroga de doce meses para que los Estados miembros de la UE y actores del sector privado pudieran preparar sus sistemas de diligencia debida y cumplir con las nuevas exigencias. La segunda prórroga aprobada en diciembre de 2025, busca garantizar que el sistema de trazabilidad esté técnicamente operativo.

Actualmente no hay incentivos económicos directos garantizados por cumplir con la EUDR, como precios diferenciados o subsidios. Sin embargo, cumplir con la normativa puede convertirse en una condición necesaria para mantener el acceso al mercado europeo. En ese sentido, el incentivo principal radica en mantener mercados clave para ciertos productos agroindustriales. A futuro, podrían surgir incentivos indirectos vinculados a la valorización de productos trazables, sostenibles o con certificaciones adicionales, especialmente en cadenas de suministro que buscan demostrar altos estándares ambientales y sociales.

La debida diligencia (según el enfoque de las guías de OCED-FAO) se entiende como el proceso mediante el cual las empresas identifican, previenen, mitigan e informan sobre cómo abordan los impactos negativos reales y potenciales de sus propias operaciones, su cadena de suministro y otras relaciones comerciales. En consecuencia, la debida diligencia es parte integral de la toma de decisiones y la gestión de riesgos de la empresa. Como elementos esenciales debe subrayarse que la debida diligencia es preventiva, implica múltiples procesos y objetivos, y es proporcional al riesgo dentro de una conceptualización dinámica. En el marco de la EUDR la diligencia debida con la cadena de suministro agrícola es un sistema que se supone como regla general para todos los operadores alcanzados en relación a todos sus proveedores de los productos pertinentes sea cual fuere su zona de abastecimiento.

Las certificaciones pueden ser una herramienta complementaria útil, pero no reemplazan las obligaciones legales establecidas por la EUDR. El cumplimiento de la EUDR requiere que los operadores presenten una Declaración de Diligencia Debida, con información verificable sobre geolocalización, riesgo de deforestación y cumplimiento legal de la producción. Las certificaciones pueden actuar como un complemento a la Debida Diligencia solicitada por la EUDR, pero no cumplen en su totalidad con los requisitos establecidos por la norma.

La regulación exige que los operadores que comercializan los productos contemplados en el mercado de la UE recopilen las coordenadas geográficas de las parcelas donde fueron producidos. La trazabilidad hasta la parcela (es decir, el requisito de recopilar las coordenadas geográficas de las parcelas donde se produjeron los productos) es necesaria para demostrar que no ha habido deforestación en el lugar específico de producción. La información obtenida por teledetección o sensores remotos satelitales sirve para verificar si la geolocalización de los productos declarados está vinculada a la deforestación. Las coordenadas de geolocalización deben proporcionarse en las declaraciones de diligencia debida que los operadores deben presentar al Sistema de Información de la Unión Europea para la comercialización o exportación de los productos.

La EUDR requiere que los productos estén trazados hasta la unidad productiva donde se originan y las mismas sean verificadas como libres de deforestación, sin mezcla con volúmenes no conformes o verificados. La segregación de la producción con destino a la Unión Europea es un requisito exigido por la EUDR. En contraste, el balance de masas no sería aceptable, ya que implica la mezcla de productos verificados y no verificados.

La Comisión Europea ha publicado la Clasificación de Riesgo de los Países en materia de Deforestación. En el mismo, clasifican a los países según el riesgo de deforestación para la producción de commodities pertinentes a la EUDR. La clasificación de riesgo determina el alcance de los controles de cumplimiento que las autoridades competentes de los Estados Miembros de la Unión Europea prevén entre los operadores que se abastecen de diferentes países. En términos prácticos, los operadores y comerciantes que importan desde países de riesgo estándar deben cumplir con todas las obligaciones del reglamento, incluyendo la recopilación de información detallada sobre trazabilidad geográfica, la evaluación del riesgo de deforestación y legalidad, y la verificación y mitigación del riesgo cuando corresponda. Esto contrasta con los países clasificados como de bajo riesgo, para los cuales algunas obligaciones (como la evaluación y mitigación del riesgo) se ven simplificadas.

El Reglamento utiliza la definición de FAO, donde se entiende como bosque a aquellas tierras que se extienden como mínimo por 0,5 hectáreas (o 5.000 m²) dotadas de árboles plantados (predominantemente compuesto de árboles establecidos por plantación y/o siembra deliberada) o naturales (incluye bosques vírgenes o de regeneración natural compuesto por especies nativas) de una altura de al menos 5 metros y una cobertura de copa de al menos 10% o que potencialmente pueden alcanzar estos parámetros. Dentro de esta definición, se consideran como bosque también las cortinas rompevientos, barreras y corredores de árboles de al menos 20 metros de ancho con un área equivalente a al menos 0,5 hectáreas o 5.000 m². No se incluyen en esta definición y por ende no se consideran como bosque a las tierras de uso predominantemente agrícola y/o urbano.

De acuerdo con las definiciones y consideraciones de la FAO se considera deforestación a la conversión de los bosques a otro tipo de uso de la tierra independientemente si es inducido por humanos o no, entendiéndose a bosque como se definió anteriormente. La disminución de la cobertura por debajo del límite de 10% también se considera deforestación. En el marco de la EUDR, se considera deforestación a la conversión de bosques a un uso agrícola

En países donde la deforestación está permitida y autorizada por las autoridades locales, ¿ese desmonte puede considerarse compatible con los requisitos de la EUDR? No. La EUDR exige que los productos provengan de tierras que no hayan sido deforestadas después del 31 de diciembre de 2020, independientemente de si el desmonte fue legal según las leyes nacionales. Por lo tanto, un desmonte puede ser legal en el territorio nacional, pero no cumplir con los requisitos de la EUDR si ocurre luego de la fecha de corte establecida por la Unión Europea.

La EUDR entiende como tierras de uso agrícola a aquellas:

• Tierras dedicadas a cultivos temporales: todas las tierras utilizadas para cultivos con un ciclo vegetativo normalmente inferior a un año, incluidos los cultivos temporales plurianuales.

• Tierras dedicadas a prados y pastos temporales, es decir, tierras cultivadas con forrajes herbáceos o gramíneas para siega o pastoreo durante un período inferior a cinco años consecutivos.

• Tierras retiradas de la producción o tierras en barbecho temporal: tierras agrícolas en reposo prolongado antes de volver a cultivarlas, utilizarlas para el pastoreo o destinarlas a otras actividades agrícolas.

• Tierras dedicadas a cultivos permanentes, es decir, tierras cultivadas con cultivos de larga duración que no tienen que volver a plantarse durante varios años, normalmente durante cinco años o más. Las tierras dedicadas a cultivos permanentes también incluyen las tierras utilizadas para cultivos permanentes bajo cubierta protectora.

• Tierras dedicadas a prados y pastos permanentes: tierras utilizadas durante más de cinco años seguidos para el pastoreo de animales o para cultivos forrajeros, mediante cultivo o de forma natural. • Tierras bajo edificios agrícolas y corrales: superficies ocupadas por edificios agrícolas en funcionamiento (hangares, graneros, bodegas, silos), edificios para la producción animal (establos, establos de vacas, corrales de ovejas, corrales de aves de corral, etc.). • Las categorías mencionadas de uso de la tierra agraria pueden abarcar también superficies ocupadas por elementos paisajísticos, que se fomentan por motivos de biodiversidad o medioambientales.

En las recientemente publicadas Guías de Implementación y Preguntas Frecuentes (FAQ’s) del 2 de octubre de 2024, se brindan detalles sobre cómo interpretar y considerar a la pérdida de bosques causadas por desastres naturales. La regulación (EUDR 1115/2023) define a la deforestación como a la conversión de bosques a usos agrícolas, ya sea por causas humanas o no, lo que incluye eventos donde la causa fue una catástrofe natural (ej. incendios forestales). Sobre este punto, la definición dada por la regulación es que “un bosque que haya sufrido un incendio y se convierta posteriormente en un terreno agrícola -después de la fecha de corte del 31/12/2020- será considerada deforestación”, es decir, que si el disturbio (en este caso, el incendio) es aprovechado para luego dar un uso agrícola a la tierra, la regulación lo consideraría deforestación y la mercadería de dicha Unidad Productiva no podría ingresar al mercado de la Unión Europea (no por el incendio en sí, sino por el posterior uso que se le dio al área afectada). Por el contrario, si se deja regenerarse el bosque afectado por el incendio, no se consideraría deforestación.

Recientemente fueron publicadas nuevas guías de implementación (2 de Octubre 2024) con mayor información y detalle sobre la implementación de la EUDR. En esta, se indica que la remoción de estas especies no será considerada dentro del concepto de “deforestación”, ya que serviría para “prevenir, minimizar, mitigar o revertir el impacto adverso sobre la biodiversidad de la introducción y propagación de especies exóticas invasoras”.

La EUDR no considera dentro del concepto de deforestación la remoción de árboles si la finalidad de la misma es el desarrollo de infraestructuras urbanas como: líneas eléctricas, rutas y caminos, ciudades y asentamientos, emplazamientos industriales no agrícolas o para el desarrollo de energías renovables. La conversión de bosques para el bienestar animal en condiciones climáticas extremas y la restauración de la biodiversidad tampoco son consideradas como deforestación. 3 Comisión Europea. (s. f.). Preguntas frecuentes sobre la regulación de deforestación. Unión Europea. Recuperado el 9 de diciembre de 2024, de [https://environment.ec.euro