La elaboración de una nueva Ley de Minería Artesanal y de Pequeña Escala (Ley MAPE) representa una oportunidad crucial para abordar los desafíos y potencialidades de un sector clave en el Perú. En este contexto, Solidaridad ha impulsado un diálogo inclusivo sobre la nueva propuesta.

Durante el mes de abril, se llevaron a cabo siete mesas técnicas convocadas por la Dirección General de Formalización Minera (DGFM), del Ministerio de Energía y Minas, como parte del proceso participativo de recepción de aportes y comentarios para la nueva Ley de la Minería Artesanal y de Pequeña Escala (Ley MAPE). Estas mesas reunieron a diversos actores del sector con el objetivo de recoger propuestas, observaciones y sugerencias que contribuyan a fortalecer el marco normativo actual, promoviendo una ley más representativa y efectiva con los distintos retos del sector.
El Grupo de Diálogo Minería y Desarrollo Sostenible, colectivo de la sociedad civil, contó con el respaldo de Solidaridad para el diseño metodológico, la facilitación de las sesiones y la elaboración de relatorías detalladas, asegurando un proceso de diálogo participativo, riguroso e inclusivo.
Asimismo, Solidaridad desempeñó un papel clave en convocar y asegurar la participación de organizaciones que representan a las mujeres mineras, históricamente excluidas de los espacios de decisión. La participación activa de la Red Nacional de Mujeres en la MAPE (RNM-MAPE) y la Red de Mujeres MAPE de Madre de Dios permitió incorporar sus perspectivas y visibilizar sus demandas en la construcción de la nueva ley
El valor de construir consensos e identificar disensos
La convocatoria a las mesas técnicas se extendió a tres actores clave: los gremios de la MAPE, cuya participación brindó información de primera mano sobre las necesidades y los retos cotidianos del sector; la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, que representó los intereses y la visión de los proyectos mineros de mayor envergadura, un sector que a menudo experimenta tensiones con los mineros artesanales que operan dentro de sus concesiones; y las organizaciones de la sociedad civil y ONGs, junto con la academia y centros de investigación, que sumaron al debate su conocimiento técnico y análisis especializado.
A lo largo de las sesiones, se abordaron temas centrales como trazabilidad, tributación, comercialización de oro, inclusión financiera, formalización, régimen de concesiones, aspectos ambientales y gobernanza institucional. Este debate permitió identificar áreas de convergencia, desacuerdo y propuestas concretas para enriquecer el futuro marco legal.
Uno de los principales consensos fue entender la formalización como un proceso integral que articula trazabilidad, inclusión financiera, acceso a mercados formales, protección ambiental y un régimen tributario adecuado a la realidad de la MAPE. Se coincidió en que, sin un entorno favorable, las normas por sí solas no generan cambios estructurales.
Sin embargo, se evidenciaron diferencias importantes en torno a la trazabilidad y el rol del Estado en la comercialización del oro, así como respecto a las propuestas de reasignación de concesiones y creación de derechos de preferencia. También se discutió la actualización del registro de formalización, con posturas divididas entre quienes plantean una depuración inmediata y quienes proponen transiciones graduales con acompañamiento técnico, reflejando la tensión entre enfoques de control y exclusión, y perspectivas de inclusión progresiva
Aportes de las redes de mujeres mineras
La exclusión histórica de las mujeres en los espacios de decisión del sector minero ha limitado la consideración de sus realidades específicas en la legislación. En este contexto, la RNM-MAPE enfatizó la necesidad de que la nueva ley reconozca y formalice el trabajo de las seleccionadoras manuales de mineral (conocidas como pallaqueras) y que se establezcan condiciones más justas para la comercialización de los minerales que procesan.
Por su parte, la Red de Mujeres MAPE de Madre de Dios alertó sobre los riesgos de inseguridad que enfrentan diariamente en la región y llamó la atención sobre los problemas de superposición de derechos en el corredor minero.
Las representantes de ambas redes enfatizaron la urgencia de que la nueva ley aborde estas problemáticas y que refleje las realidades de todos los actores involucrados. Asimismo, reconocieron la importancia del apoyo brindado por Solidaridad, el cual ha sido clave para garantizar su participación en estas mesas técnicas.
“Es importante que todas las voces sean escuchadas y que se tome en cuenta la situación de quienes practicamos la minería y vivimos sus desafíos día a día. Solidaridad es un aliado muy importante para poder participar en estos espacios, porque a veces, nosotras como pequeñas mineras no tenemos la logística necesaria para estar presentes, ya que vivimos en provincias, lejos de Lima”, señaló Griselda Zubizarreta, presidenta de la Red de Mujeres MAPE de Madre de Dios.
Próximos pasos e implicancias a futuro
Los aportes, hallazgos y conclusiones de este proceso serán sistematizados en un informe técnico que el Ministerio de Energía y Minas presentará al Congreso de la República, instancia encargada de debatir y aprobar la nueva normativa. Este informe será la base para la discusión legislativa y la eventual promulgación de la nueva Ley MAPE, con el propósito de asegurar que las aspiraciones y necesidades de todos los actores del sector sean debidamente consideradas.
Más allá de los informes técnicos, este proceso evidenció que, pese a los intereses diversos y a veces contrapuestos, existe una base común para construir un nuevo marco normativo. Es fundamental que los consensos se traduzcan en normas operativas claras, que los disensos se tramiten mediante espacios de diálogo legítimos, y que las propuestas recogidas no queden como simples testimonios, sino que se integren como insumos claros de una legislación participativa.
La nueva Ley MAPE debe ser, ante todo, un instrumento de transformación estructural y de reconciliación entre los distintos modelos de minería en el Perú, contribuyendo a un desarrollo más justo, inclusivo y sostenible.
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